Frente al Proyecto de Ley N° 03627/2013-PE presentado al Congreso de la República por el Poder Ejecutivo, que propone medidas para promover la inversión, que pueden afectar severamente el medio ambiente, la Comisión Ambiental Regional de Apurímac - CAR, espacio de diálogo de carácter multisectorial y participativo, encargada de coordinar y concertar entre los sectores estatales, privados y la sociedad civil, la política ambiental regional, manifiesta su preocupación por los efectos que dicha propuesta puede tener en nuestra región.  

Los ciudadanos y ciudadanas de Apurímac, debemos saber que dichas medidas:

 Debilitan al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, proponiendo que por tres años tenga un rol más preventivo y correctivo de conductas infractoras, siendo las sanciones sólo excepcionales, dejándolo así sin una de sus principales funciones.  

 Agregan trámites burocráticos adicionales para la aprobación de Zonas Reservadas, poniendo como condición el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y reduciendo la autonomía del Ministerio del Ambiente, quitándole potestad en la decisión técnica sobre dichas áreas.  

 Impiden que los procesos de Ordenamiento Territorial y de Zonificación Económica Ecológica sirvan para orientar políticas de uso sostenible del territorio.  

 Desconocen el rol de los Gobiernos Regionales y Locales, y los procesos participativos y de concertación que los mismos impulsan, debilitando así elementos esenciales de la gobernanza y capacidad regulatoria del Sector Ambiental.  

 Reducen el plazo para dar opiniones en los Estudio de Impacto Ambiental – EIA, haciendo inviable emitir una valoración técnica competente sobre proyectos que podrían implicar grave daño ambiental. Además, presionan al funcionario que no cumpla con los plazos bajo amenaza de sanción, sin considerar el fortalecimiento previo de las capacidades de gestión de los Sectores Públicos involucrados (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, de la Autoridad nacional del Agua - ANA, del Ministerio de Cultura MINCU, así como al Ministerio de Energía y Minas – MINEM, entre otros).  

 Sujetan la aprobación de los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), a decisiones políticas y económicas, restando su carácter técnico que prioricen la salud y el cuidado del medio ambiente.  

Ello se reviste de mayor gravedad, si consideramos el contexto de cambio climático que viene afectando al planeta y que motiva que este año el Perú sea sede de la XX Conferencia Mundial de las Partes (COP 20) de las Naciones Unidas, para analizar dicha problemática.  

En ese marco, y considerando que hoy nuestra región concentra la mayor inversión minera, así como la mayor cantidad de conflictos socio ambientales, conforme lo señala la Defensoría del Pueblo,  

EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NO APROBAR dicho Proyecto de Ley.

Por el contrario, demandamos convocar a una amplia discusión pública sobre la necesidad de orientar y fortalecer la acción estatal, priorizando una reforma ambiental que aliente inversiones respetuosas de la salud y vida de las personas, de la diversidad cultural y del patrimonio natural e histórico, sin poner en riesgo a las futuras generaciones.  

Abancay, 03 de julio del 2014

Comisión Ambiental Regional de Apurímac