El paquete de “reactivación económica” se inscribe en la línea de reactivación de las reformas neoliberales que comenzaron en 1991 y que se consideran “incompletas” por un sector del empresariado. Se quiere “completar” la liberalización y desregulación de todos los sectores económicos, incidiendo ahora en el sector ambiental, relacionado con las industrias extractivas. 

A principios del gobierno de Toledo se pretendió “reactivar” las privatizaciones que habían quedado paradas desde 1998, al igual que el resto de las reformas que tenía en su agenda el régimen fujimorista, debido a que el 100% de su agenda se concentró en la re-reelección del 2000 para cubrir la corrupción, el robo y el copamiento de las instituciones del Estado, así como de los medios de comunicación.

Pero el “arequipazo” del 2002 las detuvo y se instaló una especie de “tregua”, la misma que tenía contenido proseguir con la política neoliberal pero “sin completarla”. Cinco años después, bajo el gobierno de García, se promulgaron en el 2008 más de 100 Decretos Legislativos (DL) para “adecuar” las leyes peruanas a lo acordado en el TLC con EEUU.

En verdad, con el concurso de estudios de abogados, estábamos frente a un nuevo intento de “completar las reformas”, ya que, como dijo Francisco Eguiguren, “un amplio número de normas tiene ninguna o muy escasa vinculación efectiva al TLC con EEUU, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso mediante la Ley N° 29157”

(www.cristaldemira.com, 13/06/09). Dos DL de este paquete propiciaron el “baguazo”.

Sin embargo, con el TLC sí se avanzó en materia ambiental. El DL 1013 del 2008 creó el Ministerio del Ambiente y se tomaron medidas para su preservación, con lo que solamente nos poníamos al día con el resto del mundo. En el 2010 la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) asumió las funciones de monitoreo de los PAMA, los estudios de impacto ambiental (EIA), el control de límites de efluentes y emisiones, así como el Monitoreo de Cuencas.

Con la llegada del gobierno de Humala, esta política se profundizó, promulgándose la Ley de Consulta Previa y fortaleciendo las funciones de la OEFA con la Ley 30011 del 2013 que, de un lado, sube las multas de 10,000 a 30,000 UIT y, de otro, establece las “sanciones multas”, para que las sanciones no duerman durante años en el Poder Judicial (“Ninguna empresa paga multas ambientales impuestas por OEFA”, Gestión, 20/04/2012).

La oportunidad de “completar las reformas” se ha vuelto a presentar por la reducción del crecimiento del PBI. Eso propone el mal llamado “paquete reactivador”, pues sus principales medidas se dirigen a mantener el mismo modelo de crecimiento, con especial énfasis en “la profundización de la inversión”. Lo que el paquete olvida es que la inversión privada llegó a su más alto nivel (25% del PBI en el I Trimestre del 2013), sin “paquete”. Y que su reducción se debe sobre todo a causas externas y no internas. Pero, vamos, toda excusa es buena para “completar la reforma”.

Podría haberse optado por una alternativa distinta, afirmando que la desaceleración del crecimiento señalaba el agotamiento de un patrón de inserción internacional orientado a la exportación de materias primas, debido a su vulnerabilidad y poca sostenibilidad en el mediano plazo. Por tanto, que el “Plan Nacional de Diversificación Productiva” se convertiría en política de Estado.

Pero no. Y quizá uno de los problemas más graves es la relajación ambiental, justo cuando en diciembre se va a realizar en Lima la COP 20, que debe establecer estándares vinculantes para reducir el calentamiento global del planeta. Ahora la OEFA no podrá, por ejemplo, poner multa ni sanción alguna, pues en los próximos 3 años deberá “acompañar” el aprendizaje de las empresas. A esto se agregan recortes a las atribuciones del ministerio del Ambiente en diversos ámbitos.

El objetivo es que las inversiones en industrias extractivas se lleven a cabo sí o sí, para que “prosiga el crecimiento”. Qué diferencia con Chile, donde se ha parado definitivamente la construcción de las hidroeléctricas de Aysén, por su impacto en los glaciares. Y ojo que Chile tiene déficit fuertes de energía eléctrica. Cosa parecida sucede con el proyecto de oro y cobre Pascua-Lama en la frontera de Argentina y Chile, que el año pasado fue sancionado en Chile con US$ 16 millones por la Superintendencia ambiental (fallo modificado hace poco por el Tribunal Ambiental).

Para concluir, es evidente que en todas estas medidas venían preparándose desde hace varios meses por diversos estudios de abogados y que han sido “cosidos” en el último minuto. No cabe duda también que el principal propulsor es el ministro de Economía, Luis Castilla. La paradoja es que las reformas se completen durante este gobierno, lo que no pudo suceder bajo Toledo y García. Y, también, que se ha perdido la gran oportunidad de cambiar de rumbo.

Tomado de: http://www.larepublica.pe/columnistas/cristal-de-mira/completando-las-reformas-30-06-2014