En el año 2008, con la excusa de implementar el TLC con Estados Unidos y aprovechando facultades delegadas por el Congreso, el Gobierno de Alan García aprobó un paquete de normas para implementar sus lamentables tesis de “El Perro del Hortelano”, las cuales pueden resumirse en: “quitémosle las tierras a aquellos que no las explotan al máximo y entreguémoslas a grandes consorcios que las puedan poner en valor”. Para justificar este abuso, el entonces Presidente negaba impunemente la legitimidad territorial indígena, la vigencia social y cultural de las comunidades y la existencia misma de los Pueblos en aislamiento en nuestra Amazonía. 

Es bien conocida la enorme derrota moral, política y jurídica que sufrió García. Sus propuestas fueron consideradas inconstitucionales por la Defensoría del Pueblo; su discurso chocó torpemente con informes previos y normas del propio Estado peruano, y -lejos de legitimarse con su discurso racista- solo logró generar una enorme solidaridad nacional e internacional a favor de los Pueblos indígenas que había ofendido. Su Gabinete tuvo que renunciar, sus decretos legislativos fueron derogados y se aprobó la Ley de Consulta Previa en cuanto García dejó el Gobierno.

Solo un ego colosal o tal vez oscuros intereses vinculados con esta política de venta de tierras explican la irresponsable prolongación del conflicto y los hechos del 5 de junio del 2009, cuando García y su Ministra Cabanillas ordenaron el desalojo por la fuerza del sector denominado “Curva del diablo”, con las terribles consecuencias que todos conocemos, a pesar del anuncio de los indígenas movilizados de que empezarían a retirarse de la carretera ese mismo día.

Cinco años después, se ha iniciado el juicio oral contra más de 50 indígenas, que afrontan diversas acusaciones fiscales y solicitudes de condena que van hasta la cadena perpetua para siete líderes indígenas, entre ellos, Santiago Manuin y Alberto Pizango. Las fuerzas más retrógradas del país se unieron desde un inicio para desinformar sobre los hechos, estigmatizar a los Pueblos indígenas, soslayar la culpa de los políticos y hoy por hoy, minimizan la noticia del juzgamiento en el que resulta inaudito que, por un lado, se pida cadena perpetua por "instigación" para los líderes indígenas de una protesta legítima y, por otro lado, Alan García y sus Ministros, señalados como responsables por diversos informes -inlcuido uno del Congreso- estén libres de toda investigación y juzgamiento.

El Frente Amplio exige justicia y reparación para todas las víctimas -indígenas, mestizos y policías- del violento desalojo ordenado por García. Exige que en el juicio que involucra a los indígenas procesados se respete el debido proceso, se disponga de traductores y se considere el contexto político, social y cultural en el que se dio la protesta en Bagua. Asimismo exige que se juzgue a los mayores responsables del conflicto y su trágico desenlace, a aquellos que estando en las más altas esferas del Gobierno, optaron por la represión antes que el diálogo. El Frente Amplio exige que cese la política de represión y criminalización de la protesta social que lamentablemente persiste hasta hoy, en un Gobierno que sigue imponiendo la extracción indiscriminada de nuestros recursos naturales sin respetar los derechos ni los territorios de los Pueblos Indígenas.

Campaña por la Defensa de Nuestros Territorios, el Agua y la Vida

FRENTE AMPLIO

Junio 2014

Les recordamos además que este jueves 5 de junio se llevará a cabo un PLANTÓN – VIGILIA frente al Palacio de Justicia a las 6 pm para exigir justicia y sanción a los verdaderos responsables. 

Por favor difundir, por justicia, por memoria, para que no se repita, por dignidad.

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