El baguazo nunca hubiera existido si el gobierno de Alan García no desbordaba sus atribuciones para legislar sobre las reformas para la implementación del TLC con los Estados Unidos, aprovechando para avanzar en la doctrina del “perro del hortelano”, que en la selva significaba abrir a las inversiones extranjeras y nacionales los territorios de los pueblos indígenas favoreciendo a las petroleras, mineras, madereras y a las agropecuarias. Estas normas tramposas, ilegales, abusivas y expoliadoras, dieron origen a dos huelgas indígenas entre 2008 y 2009, a la toma prolongada de carreteras en varios puntos de la selva y al enfrentamiento del 5 de junio. 

El baguazo no hubiera sido posible, además, si la ministra Mercedes Araoz no le mentía al país y a la representación congresal sobre los efectos de la solicitada derogatoria de los decretos de la selva, sobre el Tratado con los Estados Unidos, que ella dijo que se caería si no se mantenían. Esta mentira fue sostenida por el gobierno de García, lo que hace corresponsable al presidente y sus ministros. Mucho más si desde Washington se descartó que eso pudiera ocurrir y si en los hechos, después de los sangrientos resultados del intento de desalojo, la derogatoria se hizo inevitable en el Congreso, y el TLC siguió como si nada hasta el presente con dudosos beneficios para el país.

El baguazo tampoco habría podido producirse si Alan García, en otro de sus arrebatos, semejante a la de los penales en 1986, no dispone el desalojo violento de la Curva del Diablo, ordenando a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que nunca quiso asumir la responsabilidad, pero tampoco renunció al cargo, el envío de nuevas tropas y otro comando, para romper las negociaciones en marcha para el retiro pacífico de los indígenas, y el uso indiscriminado de la fuerza. El ataque de madrugada de la policía utilizando medios aéreos y terrestres y las primeras bajas de los indígenas produjo una reacción de guerra entre los desalojados que se sintieron traicionados.

Sin el menor criterio se les quiso tratar como si fueran manifestantes urbanos a los que se les hace correr con lacrimógenas y chorros de agua, obviando su condición de guerreros que se consideraban invadidos en sus territorios donde no hacían mal a nadie y atacados con bombas y disparos, viendo caer a sus líderes que reclamaban diálogo. Un brutal choque cultural que derivó en tragedia. Pero el fiscal y los jueces parecen estar afectados de la misma ceguera de García y su gobierno, y de los generales que fueron a desalojar porque el presidente estaba molesto. El juicio de Bagua por eso parece ahora un nuevo intento de imponerse a los pueblos indígenas y de decirles quién manda. Una nueva herida a su orgullo, que ignora la complejidad de lo ocurrido, y cargar culpas en un solo lado. Condenar la resistencia, y no a los que le dieron motivo.