Este miércoles 14 comienza el juicio por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Bagua, pequeña ciudad de la Amazonia norte de Perú en un trecho de la carretera conocido como Curva del diablo. Con los años, las pruebas de lo ocurrido ese día muestran lo inoportuno del operativo policial que terminó con 33 muertes y un desaparecido. Era el fin de un paro en la Amazonia que se había levantado en contra de decretos legislativos aprobados por el Gobierno de Alan García sin consulta y que modificaron el régimen de uso de la tierra y la extracción de recursos en la selva. Es el primer proceso judicial acerca del conflicto social y medioambiental más grave que ha tenido Perú.  

Dos organizaciones de la Amazonia peruana representan hace tres décadas a todas las federaciones indígenas de la selva. Una de ellas lideró las movilizaciones de agosto de 2008 contra los decretos legislativos que cambiaban el régimen del uso del agua y de la tierra –por ejemplo, disminuían el número de comuneros necesarios en una asamblea para decidir sobre un territorio comunal ante el interés de un privado-. Como los acuerdos con el Gobierno no se cumplieron, el paro amazónico empezó nuevamente en abril de 2009, mediante el bloqueo de carreteras en la selva norte y luego con la toma pacífica de una estación petrolera.

Antes del paro, el Tribunal Constitucional, luego de una demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo, había emitido una sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de varios de los decretos en controversia. El presidente de la organización Aidesep, Alberto Pizango, inició un diálogo con el entonces primer ministro Yehude Simon, para abordar la cuestión; sin embargo Simon pedía que le detallaran qué fragmentos de las normas querían corregir, mientras que el mandato que tenía Pizango de sus representados era la derogatoria de las normas.

El 4 de junio de 2009 el Congreso debía votar la derogatoria, pero el presidente del Legislativo suspendió rápidamente por falta de cuórum la sesión. En la carretera, miles de manifestantes indígenas esperaban los resultados, pero sufrieron una decepción. Según los relatos del apu (jefe) Santiago Manuin, expremio Reina Sofía, y de la religiosa María del Carmen Gómez, varios hombres estaban cansados y enfermos en la carretera y comunicaron a la policía y otras autoridades que estaban organizando el retorno al día siguiente, el 5 de junio.

“La movilización de los comités comunales a la carretera implicó el traslado y estadía de entre 1500 y 2.000 manifestantes expuestos a la inclemencia del tiempo y el alojamiento precario empezaron a presentarse molestias de salud por las condiciones locales y el exceso de calor”, indica La verdad de Bagua, el informe en minoría elaborado por Gómez Calleja y Jesús Manacés, una de las siete investigaciones de los hechos desde 2009.

Pese a las pruebas de las coordinaciones logísticas y de transporte para que los miles de manifestantes volvieran a sus comunidades desde el 5 de junio, la orden desde Lima se mantuvo y el viernes 5 empezó a las 5:30 con disparos desde helicópteros y desde lo alto de un cerro en la Curva del Diablo. El informe de Gómez y Manacés indica que un grupo de manifestantes, hombres y mujeres, sin armas se acercaron a subir al cerro.

Uno de ellos, Manuin, hizo señales para pedir el cese del fuego y recibió varios disparos en el abdomen. La principal radio de noticias de Lima informó posteriormente de que había muerto. Los policías no tenían equipos de comunicación efectivos, no habían hecho un reconocimiento completo de la zona antes de subir y un grupo fue rodeado por los manifestantes, quienes les arrebataron los fusiles AKM. Más tarde, en otro punto cercano a la Estación petrolera tomada por otros indígenas, un grupo radical se organizó para ir a cobrar venganza con los policías que permanecían en esa instalación y los asesinaron con disparos de perdigón, a golpes o con arma blanca. La mayor cantidad de manifestantes que estaban desde el inicio de la toma de dicha instalación huyeron al ver la intención de ese grupo. Esta versión la ha confirmado el ingeniero jefe de la estación en el documental La Espera y en la entrevista con la religiosa española Gómez Calleja.

Sin embargo, el juicio que empieza este miércoles en Bagua, es solo por los hechos de la carretera y la fiscalía ha acusado a 52 personas, la mayoría indígenas o líderes de organizaciones awajún y wampís. En abril, la Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Judicial disponga ciertas condiciones para que el proceso asegure justicia, como la contratación de intérpretes y traductores.

La Defensoría y tres ONG de Lima que defienden los derechos de los acusados han pedido además que el tribunal se encargue preferiblemente de este caso para que las audiencias no sean tan espaciadas, debido a que los citados viven en comunidades muy alejadas de Bagua.

La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) refirió el viernes a EL PAÍS que de los 53 acusados, dos tienen detención domiciliaria, uno está preso en el penal de Huancas (Amazonas), 20 permanecen en comparecencia restringida (deben firmar un cuaderno) y 27 en comparecencia simple, es decir, libres. CEAS defenderá a 29 personas.

En una conferencia de prensa organizada por instituciones que exigen un juicio justo, debido a que las acusaciones carecen de pruebas, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, detalló la condición de uno de los citados a juicio: Danny López Shawit, a quien la justicia le impidió volver a su casa, en su comunidad, alegando que de allí podía fugar. “Está acompañado por su esposa e hijos, sin poder trabajar, en un espacio alquilado en Bagua, pagado por instituciones que le ayudan, donde los policías incluso lo acechaban cuando salía a tender la ropa lavada”.

Feliciano Cahuasa, el único indígena que permanece en prisión, ha sido retenido cuando por el caso Curva del Diablo le cambiaron la orden detención por comparecencia. Ese día lo involucraron en otro proceso judicial, por la desaparición del mayor de la policía, Felipe Bazán: en la última fotografía del oficial durante el operativo aparece caminando sujetado por hombres de la misma comunidad de Cahuasa. La pertenencia geográfica fue el motivo por el cual ordenaron su requisitoria y prisión, informó Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, que patrocina a seis personas.

Ismael Vega, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), comentó que este juicio “es una oportunidad para que las relaciones -entre el Gobierno y los indígenas- marcadas por el conflicto y la exclusión y la relación simétrica, comiencen a cambiar”.

El Poder Judicial levanta este lunes una huelga de 46 días y la Sala Penal Liquidadora de Bagua se hará cargo de un proceso que durante un año y medio pugnó por trasladar a Lima. Hace un par de años Santiago Manuin -hoy consejero regional de Amazonas, en representación de su provincia, Condorcanqui,-dijo que era injusto que tantos indígenas y wampís estuvieran detenidos, sin juicio. El abogado Rivera ha indicado que pedirán que el tribunal cite como testigos a exministros que tuvieron responsabilidad política en el origen del conflicto y jefes policiales que estuvieron a cargo del operativo.

Tomado del Diario El País de España. Hacer click aquí.