La última declaración del ministro de Energía y Minas ha abierto una oportunidad de debate sobre la evaluación ambiental de las inversiones en el país, más allá del cerrado diálogo entre la autoridad y el sector privado. 

Primero, ha quedado claro que el ente rector de la evaluación ambiental es el Ministerio del Ambiente y no el Ministerio de Energía y Minas, así como que existen reglas que deben respetarse: la obligatoriedad de la certificación ambiental y la indivisibilidad de su evaluación. Segundo, la discusión de cambios legales en la evaluación de la actividad de hidrocarburos debe ser técnica y debe aclarar los requerimientos en este tipo de inversiones, del mismo modo, si queremos más inversiones, éstas deben ser de calidad (impactos reducidos y mitigados). Tercero, uno de los temas irresueltos en la política ambiental, rechazada por el empresariado, es la sectorialización de la evaluación ambiental, lo que llaman “tramitología”. Una solución sería la ventanilla única para toda la evaluación ambiental, para ello hay que dilucidar las competencias concurrentes entre los sectores del Estado, algo que ninguno quiere.

Pero de los temas de fondo no se quiere hablar. Si queremos atraer más inversiones, debemos dar la certeza de ser un país serio dispuesto a sacrificar las ansias de privados y apostar a largo plazo, proponiendo una gestión ambiental más eficiente. Temas pendientes son la falta de Evaluación Ambiental Estratégica para hidrocarburos, minería y producción; el fortalecimiento de la evaluación ambiental sectorial, del SENACE y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), dotando a este último con capacidades y mejores procedimientos.

Hablando con un representante del sector privado, le decía que esto no atraerá más inversiones. Es más que un engaña muchachos, ya que para realmente invertir se necesita perforación de sísmica, además, las áreas donde se harían prospección sin afectar ecosistemas frágiles serían muy reducidas, ya sea en el mar o Amazonía. Habría que aconsejar al sector privado, menos prepotencia y más debate. Y a la autoridad, que abra el diálogo con expertos de plurales perspectivas para enriquecer la evaluación ambiental en el Perú.